Delitos contra la Constitución

Derecho Penal

RODRÍGUEZ DEVESA apunta que los delitos contra la Constitución del Estado son aquellos que se dirigen contra las instituciones, órganos y principios políticos fundamentales que integran las estructuras básicas de la organización política del país.

El Libro II, Título XXI del Código Penal, agrupa bajo la rúbrica de delitos contra la Constitución, un conjunto de tipos penales que tienen como finalidad la protección del orden constitucional. Siguiendo la sistemática del propio texto, éstos son los siguientes: rebelión, que se recoge en su Capítulo I, artículos 472 al 484; delitos contra la Corona, Capítulo II, artículos 485 a 491; delitos contra las Instituciones del Estado y la División de poderes, Capítulo III, el cual, en su Sección Primera plasma los delitos contra las Instituciones del Estado (artículos 492 a 505) y en su Sección segunda contempla la Usurpación de atribuciones (artículos 506 a 509). El Capítulo IV que trata de los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas y al deber de cumplimiento de la prestación social sustitutoria, está dividido en tres Secciones; la Primera, artículos 510 a 521, trata de los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución. La Sección Segunda, artículos 522 a 526, contempla los delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos, y la Sección Tercera, de los delitos contra el deber de cumplimiento de la prestación social sustitutoria, artículos 527 y 528. El Capítulo V, de los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales, igualmente está subdividido en tres Secciones, la Primera de las cuales, artículos 529 a 533, trata de los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la libertad individual; la Sección Segunda, artículos 534 a 536, de los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la inviolabilidad domiciliaria y demás garantías de la intimidad, y finalmente, los artículos 537 a 543 incluidos en la Sección Tercera, de los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra otros derechos individuales. El Capítulo VI, último del Título, en su único artículo 543 tipifica los ultrajes a España.