Proceso instituido para juzgar la conducta y responsabilidad de determinados funcionarios públicos.
En los regímenes democráticos la acusación o proceso suele ser facultad y prerrogativa exclusiva del parlamento o del congreso (Poder legislativo).
Suele ser el procedimiento necesario para juzgar al Presidente, vicepresidente, primer Ministro, ministros y jueves nacionales por
mal desempeño en el cargo, delito en el desempeño de sus funciones y crímenes comunes.
La sentencia que se dicte suele limitarse a declarar la destitución del inculpado.
La posible responsabilidad penal o civil queda posteriormente a cargo de tribunales comunes.
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