Remoción del magistrado

La extinción de la potestad jurisdiccional del magistrado, mediante la remoción del cargo, es de tal gravedad institucional que exige, junto con una cuidadosa determinación de las causas de remoción, el establecimiento de un órgano de enjuiciamiento que, dentro de un sistema de legalidad, garantice los derechos de defensa y la imparcialidad del fallo.

La constitución Argentina establece que el juez conserva la potestad jurisdiccional mientras dure su buena conducta, y solamente podrá ser destituido en virtud de un proceso de responsabilidad, tradicionalmente denominado juicio político, en el cual el senado de la Nación, actuando como tribunal de enjuiciamiento, apreciara la existencia de las causas del mal desempeño de la función, Comisión de hechos delictuosos en ejercicio de la función, o delitos comunes, para separarle del cargo: "su fallo no tendrá mas efecto que destituir al acusado" (art. 52, Const. (AC.).