Es una de las formas parlamentarias de fiscalizar la actuación política. La iniciativa, en este caso, parte del Gobierno que, mediante la comunicación dirigida a la cámara, provoca la respuesta de ésta. En el debate parlamentario, que se desarrolla en el pleno o en una comisión, según a qué nivel se dirija la comunicación, interviene el Gobierno y un representante de cada grupo parlamentario. Terminado el debate, los grupos parlamentarios podrán presentar ante la Mesa de la cámara propuestas de resolución, que darán lugar a un nuevo turno de debate. Por último, se votan las propuestas de resolución. En términos generales, puede decirse que las comunicaciones del Gobierno son sustitutivos de las cuestiones de confianza; piénsese que, en caso de votación adversa sobre una comunicación del Gobierno, éste no está obligado a dimitir.
Reglamento del Congreso de los Diputados, artículos 196 y 197.
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