Conocidos también como delitos de registro, forman parte de los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra el ejercicio de los derechos de la persona reconocidos por las leyes. La pena común es la de suspensión y multa de 100.000 a 200.000 pesetas. Los delitos más importantes son: entrar en el domicilio de un súbdito español sin su consentimiento, fuera de los casos permitidos por las leyes (violación de domicilio); registrar los papeles de un súbdito español y los efectos que se hallaren en su domicilio a no ser que el dueño hubiere prestado su consentimiento o se tratare de un caso permitido legalmente; cometer alguna vejación injusta contra las personas o daño innecesario en sus bienes con ocasión de lícito registro de papeles y efectos de un súbdito español.
Código penal, artículo 191.
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