Derecho al trabajo

Derecho Constitucional

Derecho Constitucionalmente reconocido, de carácter económico-social, cuyo contenido básico está constituido por el derecho a obtener un puesto de trabajo. La Constitución Española (art. 35) declara que todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo (V. derecho a la huelga; libertad sindical).

Se complementa con el correlativo deber u obligación, dimensionándose ambos en lo individual y en lo colectivo. Individualmente considerado, es el derecho igual de todos los ciudadanos a obtener un determinado puesto de trabajo, siempre que se cumplan los requisitos necesarios, y el derecho a la continuidad y estabilidad en el empleo. Colectivamente, es el mandato a los poderes públicos para que se realice una política de pleno empleo. Cabe considerar incluidos los derechos a la libre elección de profesión y oficio, a la promoción a través del trabajo, y a una remuneración suficiente. En todo caso, las dimensiones individual y colectiva han de armonizarse adecuadamente; así la política de pleno empleo no está reñida con adelantar la jubilación forzosa para redistribuir los puestos de trabajo.

Constitución, artículo 35.

Algunas legislaciones modernas tienden a asegurar este derecho como un bien inherente a todo ciudadano. La sanción a su falta o la

exigibilidad de aquel que no pueda concretarlo se logra por vía indirecta: es seguro social de desocupación.

La sanción del derecho al trabajo como principio jurídico, sea por
ley incorporado a la constitución, debe entenderse como que ningún habitante puede ser privado de ese derecho a trabajar, cuando cuenta con alguna forma lícita de ocupación.