Son actos administrativos mediante los cuales se impone al administrado un deber de hacer o de abstención respaldado por una sanción o consecuencia jurídica perjudicial al incumplidor. Se fundamenta en la potestad de mando que corresponde a las administraciones Públicas sobre una comunidad. Del incumplimiento de las órdenes administrativas, al igual que el de cualquier otro mandato contenido en los reglamentos, puede derivarse el llamado acto punitivo o acto administrativo de sanción impuesta por el referido incumplimiento.
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