Es la modalidad impugnativa ante la jurisdicción contencioso-administrativa planteando la nulidad de un reglamento ilegal y solicitando su correspondiente anulación. Pueden utilizar este recurso contencioso-administrativo las entidades, corporaciones o instituciones de Derecho público y cuantas entidades ostentaren la representación o defensa de intereses de carácter general o corporativo, siempre que la disposición impugnada les afectare directamente. Los particulares también podrán utilizar esta vía impugnativa cuando el reglamento haya de ser cumplido por aquéllos sin necesidad de acto previo individualizador de la sujeción a dicho reglamento.
Ley de Régimen jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento administrativo común, artículo 107. Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa, artículos 28 y 39.
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