(Derecho Administrativo) Una ley del 6 de enero de 1978, con el objeto de proteger la vida privada y las libertades, reglamentó la elaboración y conservación de ficheros públicos y privados, informatizados o no, y estableció un derecho de consulta y de rectificación en favor de los interesados. Una Comisión nacional de computación y de las libertades vigila el respeto de esta ley.
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