Es un expediente de jurisdicción voluntaria en negocios civiles referentes al Derecho de obligaciones. Se trata de un mecanismo protector de los intereses de los menores de edad y de los incapacitados cuando sobre sus bienes o parte de ellos se pretende realizar alguna operación de enajenación, de gravamen o de transacción. La intervención judicial, en tales casos, garantiza una cierta protección. Dada la diversidad de planteamientos, cada una de las hipótesis generales se atiene a reglas específicas. En todo caso, para decretar cualquiera de los referidos actos es preciso que lo pida el padre o la madre o tutor, que se exprese el motivo de la operación, se justifique la necesidad de la misma, y sea oído el fiscal.
Ley de Enjuiciamiento civil, artículos 2.011 a 2.030.
Enajenación | | | Enajenación en fraude De los acreedores |