(Derecho Público) Obligación impuesta por la ley al impresor (o productor) y al editor de enviar cierto número de ejemplares de los impresos de toda clase, de las obras musicales, fotográficas, cinematográficas y fonográficas que ellos pongan en venta. El envío se hace a la biblioteca nacional y a las bibliotecas autorizadas por el ministerio de educación nacional, con el objeto de aumentar las colecciones públicas (2 ejemplares por el impresor y 4 ejemplares por el editor), y al ministerio del interior, con el fin de dar aplicación a los reglamentos de policía (un ejemplar por el editor). Los servicios del depósito legal, que dependen de los dos ministerios, constituyen un servicio común denominado Administración del registro de la propiedad intelectual.
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