Es uno de los fines que se propone alcanzar la ordenación industrial que incumbe a la Administración Pública. Entre los instrumentos o medios a utilizar a tal fin, cabe destacar el establecimiento de (1) organismos de normalización, (2) entidades de acreditación, (3) entidades de certificación, (4) laboratorios de ensayo, (5) entidades auditoras y de inspección, y (6) laboratorios de calibración industrial. Todos estos agentes se ajustarán, en su constitución y funcionamiento, a las normas comunitarias. En sus órganos de gobierno han de tener representación equilibrada los intereses industriales y sociales que sean afectables por las actividades de tales agentes.
Ley de Industria, artículos 19 y 20.
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