. Atenuación jurisprudencial de las normas de competencia concernientes a la expedición de los actos administrativos, que permite considerar como válidos ciertos actos a pesar de la incompetencia real de sus autores, fundándose, ya en la necesaria continuidad del funcionamiento de los servicios públicos esenciales (inclusive en circunstancias excepcionales), ya en la verosímil apariencia a los ojos del público de su aptitud para actuar.
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